La compra por el grupo El Comercio del grupo Epensa (Correo, Ojo y otros) ha puesto en manos de un solo grupo empresarial el 78% de la prensa escrita en el país. Esta situación, ya alertada en meses anteriores por el Frente Amplio y la CGTP, afecta gravemente la libertad de expresión, el derecho a la información y por lo tanto debilita nuestra democracia. La concentración restringe la cantidad de voces que pueden brindar información y emitir libre opinión en el Perú. Además, viola directamente el artículo 61 de la Constitución Política que expresamente se pronuncia contra situaciones de acaparamiento y monopolio como la presente. Asimismo, va a contracorriente de la legislación existente en la mayor parte de los países democráticos, Estados Unidos y Europa incluidos, que regulan la propiedad de los medios de comunicación, así como de la creciente regulación existente en la región latinoamericana.

En el Frente Amplio consideramos que lo que viene ocurriendo se da en el marco de una ofensiva de extrema derecha que apunta a perpetuar los privilegios de un pequeño grupo beneficiario del modelo neoliberal, que apunta a desterrar a la oposición social y política al mismo, para continuar en el control del poder por cualquier medio luego de 2016. Frente a ella el gobierno de Ollanta Humala tiene una actitud ambigua y vacilante ya que por una parte asume el tema como vital para la democracia pero no toma ninguna iniciativa política mayor al respecto. Para el objetivo de perpetuación de sus privilegios la extrema derecha busca impunidad para sus líderes, desprestigiando las investigaciones parlamentarias en curso, controlando los medios de comunicación, para ser los únicos que trasmitan informaciones a la población y reprimiendo los movimientos sociales para consolidar una democracia restringida, en la que sus privilegios continúen asegurados. Es lamentable, en este sentido, el pronunciamiento de la CONFIEP, que restringe la cuestión a un tema empresarial y no quiere ver la indudable implicancia política del mismo.

En estas condiciones, es fundamental promover el debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Ello implica discutir sobre límites a la concentración de la propiedad de los medios, pero también incluir el problema de la propiedad cruzada de un mismo grupo empresarial en varios tipos de medios (periódicos, radio y TV por ejemplo) y el fortalecimiento de la propiedad pública de los medios de comunicación (IRTP), además del acceso de las organizaciones sociales a tener estaciones de radio y TV propias. Saludamos por ello la iniciativa de la bancada de Acción Popular- Frente Amplio, de desarrollar un conjunto de audiencias públicas en los próximos meses sobre el tema. La apertura de este sano debate democrático debe llevar a que se discuta en otros foros y regiones y que en un futuro cercano los resultados puedan plasmarse en una legislación que fortalezca la participación ciudadana en la vida del país.

Lima, 13 de enero de 2014

Comisión Nacional Promotora

Frente Amplio